De interés. Publicado el 13 agosto, 2024

La señora Betty Martínez vivía sola, con inseguridad, en condiciones precarias, carente de higiene y abandonada.

LA VEGA- A raíz de la denuncia realizada por las redes sociales sobre las condiciones que afectaban a la señora Betty Martínez, un equipo multidisciplinario del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) la visitó, y luego de evaluar sus condiciones procedió a trasladarla a un centro permanente en la ciudad de La Vega.

La adulta mayor fue reportada por varios medios sociales los cuales mostraban que esta vivía en un encierro, sola con discapacidad visual y motora, desnutrida, afectada en su salud mental, y supuestamente abusada sexualmente.

Una unidad multidisciplinaria del CONAPE, compuesta por diferentes por profesionales del área social y de la salud, se trasladó a La Vega, evaluaron las condiciones generales de la adulta mayor y la rescataron hasta trasladarla a un hogar permanente.

Acudieron al lugar donde pernoctaba la señora Martínez, acompañados de la magistrada  Luz alba García, fiscal titular de la provincia de esta demarcación, y de la magistrada Grimilda Disla Mateo, fiscal ayudante, para asistir a la envejeciente.

Las funcionarias judiciales identificaron a la adulta mayor de unos 80 años, que residía  en una  vivienda insegura, en precarias, carente de higiene y abandonada por familiar, aunque se determinó que anteriormente vivía con un hermano, hoy  que ya falleció, y aunque tiene otros dos hermanos que residen en el Distrito Nacional, estos no la visitan. 

En cuanto al maltrato sexual denunciado, los vecinos indicaron que hace varios años un desaprensivo penetro a la vivienda de la adulta mayor pero que ella pudo «defenderse».  En ese sentido se coordinó con el Ministerio Público para realizar las pesquisas correspondientes e identificar o descartar abuso sexual.

En el centro permanente donde actualmente se encuentra la señora Martínez, recibe la atención y protección necesaria que le garantiza salud física, psicológica y defensa legal, entre otros derechos fundamentales, según lo contempla la Ley 352-98 sobre protección a la persona envejeciente y su reglamento de aplicación 1372-04.

La unidad multidisciplinaria que formalizó el traslado de la adulta mayor estuvo compuesto por los profesionales Yisell Alcántara y Asunción de la Cruz, del Departamento de Denuncias y Seguimiento de Casos; Jorge Mercado y Lourdes Ferreras del área de Salud y otros colaboradores de las áreas  seguridad y administrativa.