De interés. Publicado el 2 mayo, 2024

SANTO DOMINGO. – El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió la solicitud realizada por el Ministerio Público y le otorgó un plazo de dos meses para culminar las investigaciones y depositar la acusación formal contra los imputados de la Operación Gavilán.

El juez de instrucción, Deiby Timoteo Peguero Jiménez, señaló que dicha solicitud fue recibida en el tribunal dentro del tiempo hábil de ocho meses, conforme a lo establecido en la norma, por tratarse de un caso complejo. Además, entendió que los elementos probatorios aportados por el órgano acusador, en la instancia y en la audiencia, fueron buenos y válidos para el otorgamiento de la misma.

Durante la audiencia, los fiscales adscritos a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público: Andrés Mena y Eduardo Velázquez, aseguraron que las pruebas periciales que serán incorporadas son idóneas, útiles y pertinentes para robustecer la acusación y la presentación del acto conclusivo contra los imputados.

El juez Deiby Timoteo Peguero Jiménez, amparado en el artículo 228 del Código Procesal Penal, señaló que, al extenderse el plazo de las indagatorias, el tribunal decidió variar la medida de coerción a Mártires Reyes, Alfredo Mirambeaux, Rubén Darío Morbán, Alfredo Astacio Polanco y Domingo Julio Santana, quienes guardan prisión preventiva desde el 7 de agosto del año 2023.

A cambio, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional les impuso una garantía económica de un millón de pesos mediante una empresa aseguradora, impedimento de salida sin previa autorización judicial y prisión domiciliaria, al valorar que no presentan peligro de fuga, ni potestad para obstaculizar lo que resta de la investigación.

 La operación que desmanteló la red criminal

 Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público desmanteló una red criminal, a nivel nacional, que borró y alteró, a cambio de sobornos, registros de antecedentes penales existente en la base de datos de la Procuraduría General de la República, a cerca de 17 mil personas.

En el expediente el Ministerio Público establece, que, a través de las ejecuciones realizadas por esta red criminal, fueron beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de bebidas alcohólicas, así como por secuestro, llegando a eliminar, inclusive, los registros de antecedentes a personas recluidas, cumpliendo condenas de hasta de 30 años de prisión.

De acuerdo al órgano acusador, los imputados adulteraron registros penales e integraron a familiares, amigos y allegados para los movimientos económicos. Además, adquirieron bienes y servicios con el dinero obtenido producto de las actividades ilícitas.