SANTO DOMINGO.- Con una ofrenda floral depositada en el Altar de la Patria, ante los padres fundadores de la República, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), dio inicio a los actos conmemorativos del tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley 113-21, que regula el Sistema Penitenciario en la República Dominicana.
El programa, que inició a las 8:00 de la mañana con la ofrenda floral, además, incluyó una misa y la entrega de un premio a la Excelencia y Antigüedad del Servidor Penitenciario, así como un acto religioso en la Catedral Castrense Santa Bárbara, en el sector Ciudad Nueva, del Distrito Nacional, y la entrega de reconocimientos a empleados meritorios.
El titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Hernández, calificó de encomiable la labor realizada por el personal penitenciario en los diferentes centros penitenciarios del país y dijo que la premiación a la excelencia penitenciaria se llevará a cabo en reconocimiento al trabajo realizado.
De su lado, Fray Arístides Jiménez Richardson, coordinador nacional de la Pastoral Penitenciaria, hizo un llamado a trabajar de manera unificada, al tiempo de destacar “que el futuro del sistema penitenciario son los agentes penitenciarios”.
También, resaltó la importancia del Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales de cara a la formación efectiva del personal Penitenciario.
El Fray Jiménez Richardson indicó que la Ley 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional de la República Dominicana, está fundamentada en cuatro pilares, que son: la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, el Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales, la Capellanía General de Prisiones y las casas del redentor.
Como parte de estas actividades de aniversario, fue entregado el Premio a la Excelencia y Antigüedad del Servidor Penitenciario, con el que se reconoció la labor de directores de centros penitenciarios, supervisores regionales y Agentes de Vigilancia y Tratamiento VTP con veinte años o más de servicio a la institución, con el objetivo de distinguir el desempeño y fortalecer el vínculo entre el colaborador y la institución.
Con el premio a la Excelencia fueron reconocidos varios colaboradores en las categorías de Cumplimiento de Deberes y Responsabilidades, por el desempeño en sus funciones, Mención Especial, renglón Ética y Conducta Profesional, así como por Capacidad de Respuesta a Emergencias y mención a supervisores regionales, entre ellos, siete servidores, mientras que otros 11 por fueron reconocidos por antigüedad.
Entre los reconocidos por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales figuran: Rosa Emilia Reyes Hernández, Daniel Mercado Martínez, Franklin Manuel Marmolejos, María Amparo Cruz Gálvez, Félix Estévez Valdez y Rosendo Ramírez Valdez.
Asimismo, por el desempeño en sus funciones, en esta modalidad fueron entregados reconocimientos en un primer, segundo y tercer lugar, en base a los resultados de una evaluación que se les aplicó a los directores de centros en funciones que cumplieron con los requisitos.
En la mención de supervisores regionales, se reconoció a los postulados por el comité evaluador y se votó por mayoría simple en los renglones de ética y conducta profesional, cumplimiento de deberes y responsabilidades y capacidad de respuesta a emergencias.
En este acto conmemorativo participaron empleados y autoridades de la DGSPC, así como invitados especiales del ámbito judicial, entre estos procuradores fiscales y jueces, representantes del área de la salud, funcionarios, líderes religiosos, ministros, y policías y militares.
La Ley 113-21, del 23 de abril del año 2021, sobre Régimen Penitenciario, que derogó a la 224-84, entre otros mandatos, sustituyó el nombre de Dirección General de Prisiones por el de Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
Este estatuto tiene como objeto, ámbito de aplicación y principios, la protección de la integridad y dignidad de las personas privadas de libertad; la reducción de las consecuencias negativas de su estado, así como la corrección, reeducación y reinserción en la sociedad, mediante un mecanismo de control que ayude a evitar la reincidencia.
Entre los principios generales de la ley, figuran, la no discriminación, la dignidad humana, la libertad religiosa y cultural, la defensa del debido proceso, la participación comunitaria y la reinserción social, entre otros.
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