De interés. Publicado el 30 septiembre, 2024

Empresas operan de manera ilegal porque están en manos de extranjeros y sin autorización de Indotel.

SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), depositó ante el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) una denuncia y solicitud de inicio de un proceso de investigación de oficio para la revocación de la concesión de radiodifusión otorgada a las empresas Interamerica Broadcasting & Production Company y Trendy, operadoras de los canales 7 y 21, por violación de la Ley General de Telecomunicaciones que prohíbe que medios de comunicación estén controlados por capital extranjero.

Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de Adocco, explicó que estas concesiones fueron transferidas ilícitamente a una empresa extranjera, violando la Ley No. 153-98. Acorde a la denuncia, la transferencia fue aprobada en su momento por Indotel bajo la premisa de que las empresas eran de capital dominicano, pero se descubrió que “la empresa extranjera mantiene la mayoría accionaria en la empresa que actualmente gerencia los canales”.

De la Rosa Tiburcio indicó que, en 2019 el Indotel dejó sin efecto la transferencia de las frecuencias de los canales a través de la resolución 072-19 ya que la Ley 153-98 de las Telecomunicaciones prohíbe que los medios de comunicación estén en manos de empresas extranjeras o de extranjeros. A pesar de esto, los canales de televisión continúan operando ilegalmente.

Al hacer el depósito de la denuncia, Adocco incluyó varias pruebas de la violación de la ley, como una certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo que demuestra que la compañía que administra las frecuencias es de capital mayoritariamente extranjero, con solo un 1% en manos dominicanas.

“Hemos presentado al Indotel la certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Santo donde demostramos que esta empresa es 99% extranjera y que solamente la persona que aparece al frente de las mismas es dominicano con apenas un 1%, lo que significa que es una violación a la Ley 153-98 y por eso hemos procedido a presentar esta denucnia”, explicó.

La denuncia también contempla que se investigue al señor José Miguel Bonetti, por haberse asociado ilícitamente con extranjeros “para traspasar sin cumplir con una ley de orden público en materia de telecomunicaciones que prohíbe el control por parte de extranjeros de estaciones de televisión”.

El presidente de ADOCCO señaló que Bonetti pretendió que las empresas fueran percibidas como de capital dominicano. “José Miguel Bonetti es una persona que se asoció ilícitamente con un extranjero e hizo ver como que la empresa era 100% de capital dominicano”.

Recordó que la ilegalidad de esta operación ha llevado a varios procesos legales que han concluido en varias sentencias favorables para el Estado dominicano, incluyendo una resolución del Tribunal Superior Administrativo que ratificó la decisión del Indotel, y una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en enero de 2023 que confirmó esa ilegalidad.

De la Rosa Tiburcio expresó su confianza en que la nueva dirección de Indotel tomará acción: «Nosotros abrigamos la esperanza y, conociendo a quienes están al frente del Indotel, sabemos que a esto se le dará curso porque estamos ante una situación de ilegalidad”.

Planteó que las frecuencias de los canales deben ser retomadas por el Estado dominicano y que se realice una subasta abierta y transparente. “Esa frecuencia, que es propiedad del Estado, debe ser retomada y que proceda el Indotel a hacer una subasta para que los interesados en adquirir esta frecuencia lo puedan hacer”, propuso.

El presidente de Adocco concluyó que las irregularidades cometidas deben ser sancionadas. “Deben de establecerse responsabilidades con aquellos dominicanos que se prestaron para hacerle el juego para que un bien estratégico como son los medios de comunicación esté en manos de extranjeros”.

ADOCCO reiteró su compromiso de defender la legalidad y asegurar que los medios de comunicación en la República Dominicana permanezcan bajo control dominicano, de acuerdo con las leyes nacionales.